REGALO NAVIDEÑO: DOS GOBERS AL BOTE
Anabella Pezet
Funcionarios del SAT y de la PGR trabajan para recopilar toda la información pertinente del caso
del ex Gobernador de Sonora, Guillermo
Padrés, a quien podrían estarle girando una orden de aprehensión en los
próximos días. Están investigando todo: a sus familiares, sus cuentas,
propiedades, negocios, posibles socios, aquí en México, como en el extranjero. El
asunto va en serio.
Por su parte, la
gobernadora de aquella entidad, Claudia
Pavlovich ha creado la Fiscalía Anticorrupción, para investigar todas las
posibles anomalías que dejó el ex gobernador panista a su paso por la entidad que
deja una deuda adquirida de 10 mil millones de pesos, así como el no pago de
cuentas a proveedores por un monto aproximado de seis mil 200 millones de
pesos, por lo que se calcula que la deuda total ronda alrededor de los 17 mil
millones de pesos.
Apenas el pasado
20 de noviembre, Pavlovich señaló
que no hay duda de que se debe proceder penalmente contra Padrés, luego de que el SAT comprobó también diversas
irregularidades que han generado un impacto fiscal a la Federación por mil 705
millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas y comprobadas aparecieron diversas
condonaciones de impuestos a más de 150 contribuyentes entre los que destacan políticos,
empresarios y familiares cercanos al ex gobernador. Entre los
políticos cercanos beneficiados se encuentran Javier Gándara Magaña, el ex candidato panista a la gubernatura; Ramón Corral Ávila, ex dirigente del
PAN en el estado; Luis Erasmo Terán
Balaguer, ex titular de la Oficina del Estado; Agustín Rodríguez Torres, ex secretario particular y actual
diputado federal.
Aparecen en la
lista también familiares beneficiados como el propio hermano del ex gobernador,
Miguel Padrés Elías, y su hijo Guillermo Padrés Dagnino. Ambos
involucrados en diversos escándalos de corrupción, el primero en el supuesto
soborno del empresario Mario Aguirre
que le entregó 3.3 millones de dólares a cambio de un contrato de 800 millones
de pesos para confeccionar uniformes escolares, como lo habría revelado The
Wall Street Journal. De acuerdo con información de este diario, el
hermano de Padrés, habría
transferido más de 6 millones de dólares a diversas cuentas en los Estados
Unidos a nombre de empresas fantasmas creadas con sede en Holanda, cuyo único
beneficiario supuestamente es él mismo.
El segundo, su
hijo, es propietario de la empresa Rancho
Pozo Nuevo, que posee la propiedad de un rancho de la familia en cuyo predio
se construyó una presa ilegal valorada en más de 10 millones de pesos.
Derivado del mal
manejo fiscal de la entidad, la dependencia comandada por Aristóteles Núñez, en un caso inédito, decidió tomar el control de
la vigilancia de los impuestos federales en el estado hasta el próximo 31 de
diciembre, e interponer, hasta este momento una denuncia administrativa y penal
ante la Contraloría General y la Fiscalía Especializada en Hechos de
Corrupción, respectivamente, contra funcionarios de la Dirección General de
Auditoría Fiscal.
En septiembre
pasado, también el contralor de Sonora Miguel
Ángel Murillo denunció el quebranto patrimonial de 4 mil 192 millones de
pesos en obras públicas durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. En la
instalación del llamado “Gabinete de innovación, eficiente y honesto”, el
fiscal estatal reveló que el faltante económico se derivó de 503 observaciones
documentadas por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Se refiere a obras licitadas en las
que se entregaron avances económicos para su inicio y no hay resultados;
construcciones inconclusas, doble pago a proveedores por un mismo contrato, así
como recursos ejercidos sin respaldo documental.
A estos faltantes
y observaciones contra el gobierno de Guillermo
Padrés, se suman acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En mayo pasado, el PRI estatal lo acusó a través de un desplegado nacional de
haber invertido 156 millones de pesos en una mansión que le serviría de retiro
y en 120 caballos de pura sangre, hannoverianos y cuarto de milla.
FOTO: Twitter/@pallinmx
En esa misma
época, circuló por las redes sociales un video donde se exhibe un terreno con
playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas, que
presuntamente pertenece al ex gobernador panista y su familia. Dicho terreno lo
ubican en el lujoso fraccionamiento Vista Real, cuyo precio de operación se
calcula alrededor de los 7.5 millones de dólares. El video también hace alusión
a los presuntos actos de corrupción de Miguel
Padrés y del cuñado del ex gobernador Roberto
Dagnino.
A los escándalos
de corrupción se suma uno más que es la reciente denuncia penal que presentó en
contra de Guillermo Padrés y 20 ex
funcionarios de la pasada administración, la trabajadora doméstica Gisela Peraza Villa, quien tras nueve
años de laborar para la familia Padrés-Dagnino,
fue acusada de robar cinco millones de pesos y joyas de la casa de gobierno. Peraza fue atrapada por más de 50
policías, torturada y encarcelada por más de 4 años, hasta que después del
proceso electoral de junio pasado pudo obtener su libertad. Hoy la afectada
busca que le reparen el daño del que fue víctima.
Todos estos
antecedentes han llevado el caso Padrés
dentro del ojo del huracán del panismo nacional. Recientemente su líder
nacional, Ricardo Anaya, creó la
comisión Anticorrupción que preside Luis
Felipe Bravo Mena. El ex Presidente
Felipe Calderón ha declarado que si hay “dudas” sobre la gestión de Padrés, debe esclarecerse, y es ahí
dentro de esa comisión donde se deben de retomar todos los asuntos donde se
cuestione la honestidad de cualquiera de sus militantes. Sin embargo, en dicha
comisión no han hecho prácticamente nada, y en cambio, correligionarios sonorenses
como el senador panista Héctor Larios,
acusan un linchamiento del gobierno. Veremos en los próximos días qué tanto
seguirá el PAN protegiendo a Padrés,
o de plano lo echará de sus filas y lo entregará a su verdugo.
Lo cierto es que el
ex gobernador albiazul no la tiene nada fácil y su futuro se deslumbra bastante
negro. De hecho, el ex mandatario ha buscado ya la protección de la justicia,
presentando a mediados de octubre un amparo en contra de la PGR por el acto donde
se le acusa de utilizar recursos ilícitos en la construcción de una presa en el
rancho de su propiedad. Sin embargo, el juez Sexto de Distrito de Amparo en
Materia Penal del Distrito Federal le ha negado la suspensión provisional del
acto reclamado. La PGR, por su parte, a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero sigue haciendo su
tarea, hasta conformar un expediente sólido que lo someta a juicio.
Quien también se
encuentra en la cuerda floja es el ex
Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. A diferencia de Guillermo Padrés, Medina cuenta con la
protección del gobierno federal, además de tener una muy cercana amistad con el
Presidente Enrique Peña.
En este caso es el
gobierno estatal encabezado por “El
Bronco” y la ciudadanía quienes recaban toda la información para fincarle
responsabilidades. Jaime Rodríguez
carga en su espalda la petición de diversos sectores de la sociedad y en
especial de los votantes que lo eligieron, de llevar ante la justicia al ex
gobernador priista, Rodrigo Medina.
Medina creció la deuda
estatal en 66 mil millones de pesos. Asimismo, escondió un adeudo con diversos
proveedores de más de 700 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios a los Trabajadores (ISSSTELEON).
En un artículo
publicado por el periodista Raymundo
Riva Palacio en El Financiero,
el pasado 23 de junio, señala que “todo empezó en 2005. El 12 de septiembre,
para ser exactos, cuando Alejandro
Medina, hermano del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, constituyó River States, una pequeña empresa en
San Antonio, con un capital de 10 mil dólares en una casa humilde.” Para 2007,
la familia Medina, conformada por Rodrigo, su hermano y su padre, Humberto Medina Ainslie, construían ya
un imperio inmobiliario. De acuerdo con el autor, el negocio creció con la
alianza del ex gobernador de San Antonio, Henry
Cisneros, que después fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el
gobierno del presidente Bill Clinton.
En mayo de este año, el periódico Reforma
publicó unos audios donde se escucha al padre de Rodrigo Medina, y eje central de todo este entramado de corrupción,
dando órdenes a funcionarios estatales. Entre los pasillos leoneses se comenta
que Medina Ainslie era quien realmente
controlaba los dineros a través de la Tesorería estatal y el propio Gabinete.
El escándalo del
imperio inmobiliario de la familia Medina
fue detonado a la prensa en pleno proceso electoral de 2015 por Aldo Fasci, ex líder local del PRI, ex
subprocurador del gobierno de Natividad
González Parás, y ex Secretario de Seguridad Pública. En una entrevista
para La Jornada, Fasci declaró que
“hasta ahorita lo que podemos cuantificar son mil millones de pesos (de
fortuna), que incluyen 110 propiedades en San Antonio, Texas, las empresas en
Islas Caimán, los ejidos en tres municipios, la casa de Las Misiones y las seis
propiedades en San Pedro”. Declaró que estaba integrando los expedientes para
presentar una denuncia penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero, incluso aseguró que presentarían la misma denuncia en los
Estados Unidos, donde seguramente Medina
no escaparía de la justicia.
De hecho, quizá
las operaciones inmobiliarias no hubieran generado sospecha al Gobierno de los
Estados Unidos y del FBI a no ser que Alejandro
Medina comparte la misma dirección de oficina en San Antonio, Texas, con el
abogado Álvaro Briceño, pieza
fundamental en el caso de investigación de lavado de dinero contra Javier Villarreal, ex Tesorero de
Coahuila en el gobierno de Humberto
Moreira. Villarreal se declaró
culpable de los cargos, y dentro de la investigación salieron a la luz diversos
depósitos que realizó a Briceño.
Otro escándalo se
dio a conocer recientemente, donde un par de compadres del ex gobernador
priista Rodrigo Medina, Bernardo Castillón Gómez, propietario
de Súper Salads y Cabo Grill, y compañero desde la secundaria, y Juan Manuel García Cañamar, amigo de
años, conformaron la Inmobiliaria Galord,
que a través de ella compraron un terreno en 2013 en la zona de Pesquería
valuado en 55.3 millones de pesos. Un año y medio después el terreno se lo
vendieron al gobierno de su compadre Medina en 186.4 millones de pesos, el
triple de su inversión, para que la empresa coreana Kia Motors se instalara. En esta operación también se destinaron
1,600 millones de pesos para nivelar los terreno, cuyo contrato fue asignado a José Aguirre Campos, amigo de Humberto Medina Ainslie, padre del
Gobernador. En entrevista, los compadres de
Castillón y García declararon
que había sido mera “casualidad” el tema de la venta del terreno (sic).
“El Bronco” apenas ha dado
unas ligeras pataditas al gobierno de Medina.
Al inicio de su gobierno dio su primer golpe al ex mandatario, pues el Colegio
de Notarios Públicos del Estado informó el cese de la notaría que tenía el
padre de Medina en Nuevo León.
Foto:
/lostubos.com
A diferencia del
caso de Guillermo Padrés, el SAT y la PGR han hecho mutis sobre este caso. Las investigaciones y la
presión han sido exclusivamente mediáticas. Se han recabado miles de firmas
para llevar a juicio al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Más de 13 mil ciudadanos han solicitado un proceso
por asociación delictuosa, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento
ilícito. El Consejo Nacional Ciudadano ha
presentado incluso una denuncia penal ante la procuraduría estatal contra Medina y su padre, pero no ha
prosperado.
Son dos claros
ejemplos de que en México la justicia no se mide con la misma vara, o así
parece. Pero quizá para esta Navidad tengamos un par de regalos que nos traiga Santa Claus, y el gobierno de México
entregue a la justicia al ex gobernador
de Sonora Guillermo Padrés, y el gobierno de “El Bronco” o los Estados
Unidos, hagan lo propio con el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Sería algo así como
leer “El Mundo Feliz” de Aldous Huxley.
EL CALDERO POLITICO DEL PRI
El pasado fin de
semana el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la participación de
ciudadanos simpatizantes como candidatos a puestos populares. Conociendo el
sentido pragmático de este gobierno y del propio partido a la hora de elegir a
sus gallos para las contiendas, que generalmente se dejan llevar por las encuestas,
y le apuestan al primer lugar ¿Será que podríamos ver rostros de otros partidos
como candidatos en el PRI? ¿Sería viable ver a una Margarita Zavala? ¿Un Miguel
Ángel Mancera? ¿Un Gerardo Gutiérrez
Candiani de candidato en Oaxaca? ¿Una Rosario
Robles de candidata del PRI a Jefa de Gobierno en el 2018? ¿Un Moreno rechazado de candidato en alguna
de las 13 gubernaturas el año que entra?
El mensaje del PRI
para los que aspiran a ser candidatos independientes es claro: aquí todos
tienen cabida mientras nos aseguren el triunfo. ¿Será que estas reglas las
acaten un Beltrones, un Osorio, un Videgaray para los próximos comicios presidenciales? ya quiero ver
las consecuencias de esta apertura, le llamo al mismo tiempo oportunismo y
madurez política.